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Luego de conocerse la noticia que Alan García decidió pedir asilo político en Uruguay y que se encuentra refugiado en la residencia del embajador de ese país en Lima, se publicó la carta con la cual el expresidente investigado por los delitos de colusión y lavado de activos, solicita al presidente uruguayo que le otorgue dicha gracia. Sin embargo, sus fundamentos están llenos de mentiras y falacias, las cuales desagregamos sobre la transcripción de la misiva.

García en la residencia del embajador uruguayo / Foto: La República

Redacción Spacio Libre
@spaciolibre

Foto de portada: Exclusiva de La República

Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay
Don Tabaré Ramón Vásquez Rosas
Excelentísimo Señor Presidente:

En mi condición de Ex Presidente Constitucional de la República del Perú, donde ejercí el honroso cargo de Jefe de Estado elegido por el pueblo en dos ocasiones, recurro a Usted para solicitar asilo político en Uruguay.

Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. (Lo que existe aquí es una investigación fiscal que ha calado sobre diversos personajes de la política peruana, entre ellos cuatro expresidentes -incluido García- y una excongresista y excandidata presidencial)

Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones, y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos. Así, al Ex Presidente Alejandro Toledo se le investigó y enjuició por haber exigido y recibido Veinte millones de dólares en la obra de la Carretera Interoceánica; (Toledo no ha sido enjuiciado, sobre él pesa una investigación en la cual se ha demostrado la ruta del dinero ilícito que habría recibido el expresidente y que tuvo a su amigo, el empresario Josef Maiman como el principal testaferro para el lavado de los activos). 

(…) al Ex Presidente Ollanta Humala, se le investigó y detuvo por el hallazgo de Tres millones de dólares aportados en su campaña y confirmados en sus agendas personales. Pero además, el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú, al mismo tiempo que era Ministro de Economía del gobierno de Toledo, y el cobro por ellos de Cuatro millones de dólares, originaron su vacancia presidencial en febrero de este año 2018. (En honor a la verdad, esa que tanto rechaza el expresidente García, a PPK lo intentaron vacar en el año 2017, fue el negociado político con Kenji Fujimori el que evitó que la vacancia se produjera. Fue recién este año que PPK tuvo que renunciar frente a las denuncias periodísticas que lo vinculaban con el dinero cobrado por sus empresas por parte de Odebrecht. NO HUBO VACANCIA). 

García escondido en la residencia uruguaya / Foto: La República

Toda la atención fue puesta en mí, a la espera de que, las delaciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación del Perú, arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Pero por el contrario, en todas sus declaraciones durante dos años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios, reiteraron: “Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito” y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. (En el 2017, Marcelo Odebrecht reveló en sus declaraciones a la fiscalía de su país que apoyaron al partido aprista. «Ya lo dije en una declaración anterior. Yo no puedo decir cuánto y cómo.  (…) Era normal que en los países en los que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red. Entonces, yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García, es Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso en ese punto».

A inicios de este año, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló en sus confesiones a la fiscalía peruana, que la empresa aportó un monto aproximado de 200 mil dólares para la campaña presidencial del año 2006, elecciones que ganó Alan García. Barata asegura que ese año SOLO APOYARON UNA CAMPAÑA que fue la de García y que la persona que coordinó la donación y recibió el dinero fue, Luis Alva Castro. Todo el dinero, continúa Barata provino de “recursos no contabilizados”.

A esto hay que sumarle todo lo que existe respecto al pago de coimas para la concesión del Metro de Lima que incluye a varios funcionarios del gobierno aprista. 

Todo ello a pesar de las especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron. No existe pues ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito, mencionados por ningún declarante peruano o brasilero. Más aún, el Congreso aprobó por mayoría de 65 a 18, el 9 de Noviembre de este año, un amplio informe de la Comisión multipartidaria Lava Jato, elaborado en dos años, en el cual se precisa que “No existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan Garcia con los temas investigados”. (La última denuncia periodística que ya obraba en manos de la fiscalía tiene que ver con los 100 mil dólares que Odebrecht lavó para pagarle al «doctor» García una conferencia en Brasil) 

Sin embargo, aunque el fondo y la conclusión son claros; en mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. (Igual que Keiko Fujimori, a Alan García no le pareció un abuso cuando la justicia que hoy rechaza detuvo preventivamente al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia) 

Hoy, y con propósito político y persecutorio, se mezclan y confunden tipos penales para extender los plazos. Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se añade a este la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo “investigatorio” llegue a ser de treinta y seis meses ampliable a otros treinta y seis.

 

Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno. (A la justicia, el señor García le llama persecución. Insistimos, es raro que no haya pensado lo mismo con otras detenciones o pedidos de prisión como la que se está tratando de lograr contra Alejandro Toledo, fugado en Estados Unidos) 

Desde que concluí mi segunda presidencia he hecho frente a múltiples acusaciones y a todas he respondido, asistiendo en cuarentaiocho ocasiones (48) a las fiscalías, a los juzgados y al Congreso de la República. Ninguna condujo a proceso, pues ninguna evidencia ni prueba se halló. Pero sirvieron para la destrucción sistemática y periodística de mi imagen política. (Un fiscal de la Nación cercano al aprismo, José Peláez Bardales, se encargo de archivar muchas de las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y en el 2000 esperó que los delitos por los que fue acusado al término de su primer gobierno, prescribieran para huir de la justicia) 

Sin embargo, producida la vacancia del Presidente Pedro Pablo Kuzcinsky, por las razones antedichas, un nuevo tipo de política se ha instaurado. (En términos totales: No hubo vacancia) Es la confrontación y el arrinconamiento de los otros poderes.  (Aquí hay que recordarle que el Congreso liderado por el fujimorismo fue el que empezó con esta lucha torpe contra el Ejecutivo, toda vez que su lideresa -hoy en prisión- no asumió nunca la derrota electoral del 2016) 

Aprovechando el antiparlamentarismo tradicional e histórico del pueblo peruano se ha convocado a un referéndum para establecer la No Reelección de los congresistas, como un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del presidente accesitario tras la vacancia. (Los peruanos y peruanas tenemos derecho a tomar decisiones sobre la situación de nuestas autoridades electas, más aún sobre un congreso que se ha amparado en la prescripción, el blindaje y la impunidad disfrazada sobre la inmunidad parlamentaria) 

Además, aprovechando las escuchas telefónicas practicadas contra algunos magistrados (apenas al 0.1% del total de jueces y fiscales del Perú), se inició la batalla por capturar la fiscalía de la Nación, en la que había sido elegido el Fiscal Pedro Chavarry, con el propósito de destituirlo y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno. (Pedro Chávarry es sindicado como uno de los miembros de los «Cuellos Blancos del Puerto». La reforma del sistema de justicia es un tema que ha sido pateado por años y el cual ha evitado tocarse, incluso hasta hoy. El cierre del CNM no es la garantía para una adecuada reforma. La reforma judicial fue evitada durante el segundo gobierno de García pues jueces y fiscales de sospechosa simpatía aprista han servido para evitarle problemas judiciales) 

Por primera vez en un régimen, en apariencia democrático, tanto el Presidente accesitario como su Primer Ministro han reclamado públicamente la destitución por el Congreso del Fiscal Chavarry. Y como el congreso, de mayoría contraria, no accediera a tal exigencia, se optó por usar los procedimientos penales acusando al partido Fujimorista de haber recibido un millón de dólares como contribución a su campaña electoral. (La investigación contra el Fujimorismo se realiza desde hace años, no es un «efecto» del «gobierno autoritario» frente a los berrinches del fujimorismo. El «espacio tiempo histórico» de García está -a propósito- bastante desfasado)  

Para ello, se aplicó la figura del Lavado de activos, presumiendo que esa supuesta ayuda provenía de actividades ilícitas de Odebrecht y que los beneficiarios lo sabian. Inmediatamente toda la organización de ese partido se denunció como una Banda Criminal y se aplicó indebidamente contra sus dirigentes la detención provisional “por treinta y seis meses”, contra las opiniones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional del Perú. (El argumento de su escudero Jorge Del Castillo y del fujimorismo en general. La tesis de la fiscalía, tanto en la denuncia contra Keiko Fujimori como en la de Ollanta Humala es de la existencia y formación de una organización criminal estructurada al interior de los partidos políticos. Decir que «los partidos son organizaciones criminales» es otra de las falacias del señor García) 

Más grave es que, cuando ese partido solicitó al Premier Cesar Villanueva una reunión con el Jefe del Estado, este respondió que, para conversar, deberían primero, “destituir al Fiscal Chavarry”, en una pública y escandalosa exigencia (¿Cómo dialogar con un grupo que tiene la chaveta sobre la mesa?) que comprueba el interés político del régimen por cambiar de fiscal, para evitar, como se presume, su propia investigación y enjuiciamiento por casos en los que, ex ministros del régimen Kuczynski, como los actuales Presidente y Primer Ministro, estarían comprometidos. (El caso Chinchero por el cual García argumenta que el gobierno quiere tener un fiscal a su medida, está siendo visto desde hace un buen tiempo por la fiscalía, incluso desde antes que Chávarry ingrese al puesto)

En esta situación, con el parlamento judicialmente coaccionado, una Corte Suprema en la que renunció el Presidente y cinco vocales son investigados; con un Consejo Nacional de la Magistratura inexistente (por sus relaciones con los Cuellos Blancos, ¡ya pues!), una Fiscalía de la Nación acosada (y el «chaveteo» constante de Chávarry ¿qué es?) y en lucha con fiscales inferiores “con intereses políticos coordinados con el gobierno” según declaración del Fiscal de la Nación; la Justicia en el Perú vive una situación anómala, y la situación jurídica de un dirigente político opositor está gravemente amenazada. No hay fiscales ni jueces naturales o imparciales. (Viejos tiempos donde se tenía a Peláez Bardales o más atrás a Blanca Nélida Colán o en el Poder Judicial a Rodríguez Medrano ¿no?) 

Por ejemplo, uno de los casos por los que se me “investiga” a pesar de haberse comprobado por su propia declaración, que la empresa Odebrecht jamás me pago un centavo, es escandaloso. Una persona, a la que jamás conocí, vendió una vivienda en un barrio popular, recibió el pago, pero después, se negó a entregar el bien, y además, denuncio al comprador por apropiación ilícita. Rechazadas cinco primeras denuncias fiscales por no ser racionales, la misma persona encontró como recurso presentar una sexta denuncia señalando que el comprador es un “testaferro de Alan Garcia”. Por tal argumento esta sexta denuncia si ha sido tramitada, iniciándose mi investigación por “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Esa, Señor Presidente, es la situación que vivo, en un ambiente de persecución política. (Si no es culpable, demuéstrelo pues…)

Y hace unos días se difundió la infamia de que una conferencia internacional que ofrecí a la Federación Industrial de Sao Paulo, ya como ex Presidente en el año 2,012, que fue contratada por una agencia cuyos honorarios me fueron depositados en mi cuenta personal en Lima, pagando de inmediato el 30% de impuestos por ella, provendría de los fondos de Odebrecht que es solo una de las miles de asociadas de esa Federación industrial. Sin embargo, con esa sola afirmación, en el mismo día, se ha dictado contra mí una medida de impedimento de salida del país, lo que comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos. (Sobre esto no hay más que decir, las pruebas si no son irrefutables, merece al menos una explicación ante la justicia, no desde el asilo y la búsqueda de la prescripción). 

Señor Presidente: yo he sabido afrontar dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú, en última instancia, me exoneró de todas ellas en enero de 1992 pero, destituida esa Corte por el Golpe de Estado de ese año, y acosado por los golpistas fui protegido por Colombia, Patria de las Leyes. Pero hoy, la situación es similar, como se ira conociendo paulatinamente. (Comparar la dictadura fujimorista con lo que se vive hoy, es algo que no tiene ni punto de referencia. Más bien, no dice por ningún lado que esperó a que los delitos prescribieran mientras vivía cómodamente en París). 

Por tal causa, como Presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a Usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país.

Es gracia que espero alcanzar.
Muy respetuosamente.

Alan Garcia

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