Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, y el Instituto de Defensa Legal – IDL, se reunieron en una mesa de trabajo con medios de comunicación para analizar la situación de los juicios por violaciones a derechos humanos incluidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La mesa de trabajo, organizada por el Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se dio en la sede de esta ONG, donde se analizaron las implicancias jurídicas y políticas de casos como el juicio contra Agustín Mantilla y los miembros del Comando Rodrigo Franco, el caso Frontón, el indulto a Fujimori y las condenas absolutorias.
Precisamente sobre las condenas absolutorias existe una gran preocupación de los presentes en la reunión. Esto lo enfatizó el abogado Carlos Rivera, del IDL, quien señaló cómo esta situación no defiende los intereses de los afectados y sus familiares, pero sí a los acusados mediante alegatos en favor de la impunidad y la exigencia de pruebas, en casos como las desapariciones forzadas.
Para Rivera, tal escenario, relacionado a los procesos políticos que vive el país, no se ha alterado significativamente desde el gobierno de Alan García, el cual tuvo un impacto negativo en tanto que “intentó liquidar los procesos de justicia” mediante medidas como el Decreto Legislativo nº 1097, el cual debió ser derogado días después ya que sus planteamientos pudieron fácilmente constituirse como una defensa encubierta para agentes del grupo “Colina”.
“Nos preocupa esto porque 2013 es un momento histórico en que más juicios de DD.HH. se están desarrollando que en los últimos 30 años. Para fines de este año o inicios del próximo tendremos un paquete emblemático con 15 o 17 sentencias, como los casos Accomarca o de la base militar Los Cabitos. Si la Sala Penal Nacional sigue manteniendo el ritmo lento de estas sentencias, el resultado del proceso de justicia será negativo”, alertó.
También intervino la Dra. Gloria Cano, abogada de la APRODEH, quien mostró su inquietud sobre la falta de credibilidad hacia víctimas y familiares en el tema de desapariciones forzadas. Los familiares fueron testigos de los delitos cometidos, en su mayoría de veces durante horas de la noche, pero la Sala Penal pareciera escuchar más a los subalternos de los militares acusados, pese a repetidas incoherencias.
“Las personas que hacen un voto singular, como fue el caso del dr. Marco Cerna Bazán al validar el reconocimiento de los familiares de víctimas en casos con casi 20 años de antigüedad, son separadas de la Sala Penal, mientras quienes tienden a determinar absoluciones permanecen ahí. Tal parece que hay un aparato que se las ingenia para favorecer a los acusados pese a todas las pruebas que se logran encontrar”, sostuvo.
Cano citó además el caso del agente “Carrión”, el cual requería diligencias en Ayacucho, sin embargo la Sala Penal solicitó que se tome en cuenta sólo los testimonios más importantes. Esto le resulta de alta preocupación desde que “todos los testimonios cuentan”. La pregunta es entonces, ¿Qué es lo “más importante” para la Sala Penal?
Otra preocupación de las organizaciones presentes es que los intérpretes, en casos como personas quechuahablantes, muchas veces tergiversan los testimonios. Exigen a la Sala utilizar apremios para que el Ministerio de Defensa y las autoridades militares faciliten información sobre personal implicado. Sin embargo, aduciendo tiempo, ausencia de expedientes y otras razones, siguen resistiéndose a proporcionar la información, pese a las pruebas.
Los abogados realizan un llamado de atención en este año 2013, donde se están atendiendo la mayoría de casos emblemáticos de derechos humanos en Perú, ya que estos serán resueltos por una Sala Penal con un panorama preocupante en el que la política y los altos mandos militares inciden en la aplicación de justicia.
Sobre el autor
Francisco Pérez García