Regiones, Perú (Spacio Libre).- Además de mantenerlos secuestrados en el campamento minero fueron torturados física y mentalmente por participar en la marcha de sacrificio pacífica en contra de la minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.). Entre los acusados están funcionarios y trabajadores de la empresa minera Río Blanco Copper, agentes de seguridad de la empresa de seguridad privada Forza y dos médicos por haber expedido certificados médicos falsos.
Como se sabe, entre el 1 y el 3 de agosto del 2005 cientos de comuneros de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en Piura, realizaron una marcha de sacrificio pacífica a la sede del campamento minero. Sin embargo, fueron reprimidos violentamente por los efectivos policiales quedando 33 campesinos detenidos ilegalmente (entre ellos ex periodista de Radio Cutivalú, Julio Vásquez que confirmo las torturas) en el campamento minero durante casi cuatro días donde fueron agredidos cruelmente falleciendo uno de ellos. Julio Vásquez señaló que la orden de torturarlos vino de los encargados del campamento minero.
“Los policías tenían la orden de torturarnos, de parte de los encargados del campamento minero (…) a todos se nos despojo de nuestras prendas. Las mujeres fueron sometidas a tocamientos indebidos, evidencia el trato y la acción de la policía del destacamento de DINOES que actuó crudamente con los campesinos. Nos golpearon con vara (…) estábamos encapuchados, amarrados, vendados. Dentro de estas capuchas estaba impregnado con polvo lacrimógeno, el cual hace difícil respirar y quemaba la piel”, refirió el periodista Vásquez.
Es por eso que la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba solicitó 10 años de pena privativa de libertad para 14 policías, entre ellos 2 coroneles y al pago de 10 mil nuevos soles, por concepto de reparación, a cada uno de los 28 campesinos agraviados, asimismo se encuentra en la etapa de investigación preliminar seguida contra dos generales y más de trescientos sub-oficiales de la misma policía. La denuncia contra los efectivos policiales ahora acusados fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, encargados del patrocinio legal de las víctimas.
Por: Mario Ramos / @mariorm7
Sobre el autor
Francisco Pérez García
Es una injusticia que se les vaya a condenar a 10 años por crímenes de lesa humanidad, porque así lo consideran la tortura, secuestro y asesinato, más siendo policías que debían proteger la vida humana,sea cual sea la posición laboral o social de los afectados. Esto sienta un mal precedente como para los casos de Germán Falla y Walter Calero ambos también torturados y asesinados en sendas comisarias en la capital.