Fiscalía niega justicia -otra vez- a víctimas de esterilizaciones forzadas

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Nuevamente, una fiscalía le niega a las víctimas de esterilizaciones forzadas la posibilidad de obtener justicia, desconociendo los acuerdos asumidos por el Estado Peruano a nivel internacional.

Imagen del informe de Diario16 del año 2015 donde se reveló la totalidad de la política de esterilizaciones aplicada por el fujimorismo / Foto: Diario16

Comunicado de prensa
Amnistía Internacional Perú

“El mundo es testigo de cómo la justicia peruana da la espalda una vez más a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Miles de mujeres han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

En más de una oportunidad Amnistía Internacional pidió a la fiscalía que denunciara a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares. Miles de activistas en todo el mundo mandaron cartas y firmaron peticiones exigiendo justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas en los últimos años.

La Fiscalía ha optado por ignorar los testimonios de las propias víctimas. La decisión de archivar las denuncias se toma a pesar que la misma resolución señala que un grupo de estas mujeres han manifestado en su testimonio que fueron sometidas al procedimiento de esterilización sin su correspondiente consentimiento. Sin embargo cuando la fiscalía requirió las historias clínicas a los hospitales y centros de salud, estos indicaron que no contaban con la documentación; por lo que la fiscal sostiene que sin la base de la prueba documental no puede sostener que estas mujeres hayan sido sometidas a la operación contra su voluntad.

“Es indignante que uno de los casos más graves de vulneración de derechos humanos cometido de las Américas quede impune. Esta resolución fiscal ahonda la discriminación histórica que sufren las mujeres campesinas, indígenas, quechua hablantes, de zonas rurales en el Perú”.

Cabe recordar que el pasado 27 de julio, la misma Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima desestimó las denuncias contra los supuestos autores mediatos de esterilizaciones forzadas de más de 2,000 mujeres, cometidas en la década de los noventa en Perú. Estos casos representan tan solo una pequeña parte de mujeres esterilizadas forzadamente en esos años.

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