Fiscalía formalizó denuncia penal contra Alberto Fujimori por esterilizaciones forzadas

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La denuncia incluye a exministros fujimoristas de Salud, entre ellos Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del reo Alberto Fujimori.

Imagen del informe de Diario16 del año 2015 donde se reveló la totalidad de la política de esterilizaciones aplicada por el fujimorismo / Foto: Diario16

Por Alejandra García Arrunátegui
@abgarru

Tras 16 años de investigación fiscal, el Ministerio Público formalizó la denuncia penal contra el ex dictador Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, y el ex asesor del Ministerio de Salud Ulises Jorge Aguilar como presuntos autores mediatos de la política de esterilizaciones forzadas ejecutada entre los años 1990 y 2000.

La denuncia formulada por la fiscal Marcelita Gutiérrez señala que los ex funcionarios fujimoristas cometieron el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud seguido de muerte “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, en agravio de María Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y Celia Ramos Durand.

Spacio Libre conversó con María Ysabel Cedano, directora de DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, sobre esta nueva denuncia contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud ante el Primer Juzgado Penal Nacional.

Parte de la denuncia fiscal contra Fujimori y otros / Foto: Spacio Libre

“(Lo que esta acusación significa) es que se han encontrado pruebas suficientes para que empiece la investigación judicial”, dijo María Ysabel Cedano al subrayar la importancia de la formalización de esta investigación fiscal que inició en el 2002.

“No se trataron de delitos comunes. Se trató de una política de Estado que tuvo una estructura de poder, una cadena de mando, un plan de ataque a una determinada población, en este caso a mujeres quechuahablante, indígenas, pobres”, precisó.

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“En esta investigación, la fiscal valoró testimonios como documentación. Documentos por los cuales Marino Costa reportaba quincenalmente a Fujimori cómo iba el avance de esta política”, agregó la directora de DEMUS.

Cabe señalar que el caso fue calificado como delito común y se archivo por prescripción en el 2009. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la decisión y reabrió la investigación.

En el 2014, el fiscal Guzmán Baca encuentra responsabilidad penal, por delitos que configuraron violaciones a los derechos humanos, del personal médico involucrado pero excluyó a Alberto Fujimori y a sus ex ministros de Salud.

Ahora las víctimas exigen una investigación judicial imparcial, que no discrimine, que no revictimice y que pueda sea ágil y diligente, porque ellas no pueden esperar otros 16 años de investigacion judicial. Formalmente (la investigación) no debería pasar de un año y medio a dos años por la complejidad del caso“, concluyó María Ysabel Cedano.

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Author:Alejandra García Arrunátegui

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