Estado busca reducir conflictos sociales mediante participación en primer acuerdo regional vinculante

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El Perú participó del primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Foto: Internet

Redacción Spacio Libre
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Frente al incremento de los conflictos sociales se sigue trabajando en diversas instancias para tratar de encontrar formas de evitarlos. La mayoría de estos casos, son producto de problemas socioambientales, es decir la confrontación entre comunidades con el gobierno y las industrias extractivas por el escaso cumplimiento de las normas mínimas de cuidado ambiental.

Por ello, el Estado peruano y la sociedad civil se han comprometido a ratificar el Acuerdo Escazú, que determina la elevación de los estándares socio ambientales y mejora el acceso de la sociedad civil a la información ambiental, en particular para las poblaciones vulnerables afectadas por los proyectos extractivos.

Dicho acuerdo, se da en el marco de la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río y promueve la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de los defensores de derechos ambientales.

Al respecto, Aida Gamboa, especialista de la Asociación Civil Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien también formó parte de la delegación de nuestro país señaló que “el acuerdo fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de acceso a la información y transparencia, además protegerá, si es ratificado por el Congreso de la República, a las poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de los derechos que promueve este acuerdo impacta en otros aspectos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio”.

“En los últimos años los conflictos sociales se han incrementado por la falta de acceso a información ambiental y la aprobación de este acuerdo implicará que la sociedad civil y pueblos indígenas accedan a la información relacionada a los proyectos extractivos, a las política y programas ambientales”, añadió Gamboa.

De esta manera y mediante un esfuerzo conjunto entre el Estado, empresa privada y organizaciones no gubernamentales se busca reducir los conflictos sociales. Según reportó la Defensoría del Pueblo en enero se dieron en el Perú 176 conflictos sociales

La especialista agrega que el acuerdo refuerza la labor de las instituciones públicas del sector como al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.

Por su parte, Fernando León, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, aseguró que este acuerdo “complementa muy bien los avances que ha hecho el Estado peruano en materia de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de lograr una visión y acción regional en esta materia”.

Asimismo, el Poder Judicial, como parte del SNGA, tiene también en este acuerdo un respaldo para reforzar la acción de Acceso a la Justicia Ambiental por parte de los ciudadanos, con iniciativas como la creación de juzgados especializados y el pacto de Madre de Dios. Con estas medidas contenidas en el acuerdo se protegerá y evitará más muertes de los defensores ambientales.

El acuerdo fue suscrito por 24 países durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, realizada en San José de Costa Rica.

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