En Perú no se cumple con los mecanismos de la consulta previa

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Desde su implementación, ¿qué tanto ha funcionado el mecanismo de la Consulta Previa en nuestro país? ¿De qué forma las comunidades se han visto beneficiadas con este proceso frente a las acciones de las industrias extractivas? ¿En verdad se cumple con los procesos y etapas necesarias para un acuerdo favorable? Estas consultas son respondidas y analizadas en un reciente informe de CooperAcción, que revela las irregularidades de este proceso.

Redacción Spacio Libre
@spaciolibre

El informe “La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT”, que puede ser visto aquí, alerta que no se consulta el uso del territorio ni medidas importantes como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, o el plan de cierre de minas en los territorios afectados.

Así, asegura que de 10 procesos de consulta previa realizados en el sector minero, solo tres concluyeron con un diálogo y que el tiempo promedio de las consultas ha sido de dos meses. Además, en cuatro de los casos, las etapas de reunión informativa y la de evaluación se realizaron en un mismo día, burlando así los tiempos necesarios para un adecuado proceso.

Los acuerdos a los que se llegó en este sector, terminan siendo funciones u obligaciones inherentes del Estado y de las empresas, y advierte que no se están llegando a acuerdos sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, de los diez procesos de consultas analizadas, en cinco procesos se determinó que “se respete el medio ambiente”, que “la empresa cumpla con sus compromisos ambientales”; y en seis casos que el Estado cumpla con fiscalizar y controlar las actividades del proyecto.

Desde el 2012 se han emitido diversas normas en el sector minero que definen cuáles son los actos que se consultan. Estos son: el inicio de actividades de exploración, la aprobación del plan de minado y la autorización de las actividades de desarrollo y preparación, la autorización de construcción de la planta de beneficio, el otorgamiento de la concesión de transportes. Todos estos actos son decisiones meramente operativas que se ubican en la parte final de la cadena de decisiones que se toman en el ciclo de un proyecto minero.

Ninguno de los actos consultables establece la pertinencia ni las condiciones sobre las que se dará la actividad minera. Tampoco establecen las medidas de prevención, mitigación ni compensación de sus impactos sobre los pueblos indígenas.

Esto, junto a las brechas educativas y culturales, hacen que la consulta se agote rápidamente, lo que ha llevado a que las etapas más importantes de la consulta -como ya se ha dicho- se realicen en tiempos muy cortos.

Así las cosas, concluye el informe, la consulta se está convirtiendo en un mero formalismo. Por ejemplo, las etapas informativa y de evaluación interna de las consultas de los proyectos de exploración La Merced (Junín) y Corcapunta (Ancash) y de explotación Apumayo (Ayacucho) se realizaron en un solo día. En varios casos, ni siquiera se llegó a la etapa de diálogo porque las propuestas realizadas eran tan generales que no existía ningún tipo de discrepancia.

Otra dificultad es que no se está respetando el Reglamento de la Ley de Consulta, que establece que la entidad que emite la medida debe ser la entidad promotora de la consulta. La resolución ministerial 362-2015-MEM/DM dispuso que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros sea quien realice la consulta pese a que es la Dirección General de Minería quien emite la medida. Así, la entidad que realiza la consulta (DGAAM) no tiene realmente poder de decisión al momento de llegar a acuerdos con las comunidades, puesto que es otra entidad (DGM) la que tomará finalmente la decisión.

La información que se ha venido proporcionando en los procesos de consulta sobre los impactos de la actividad minera es muy general y no ha estado referida específicamente a los impactos de la medida concreta que se consulta. Es un acercamiento en abstracto al tema, lo que difi­culta que los pueblos indígenas puedan visualizar los posibles impactos en su territorio.

No basta que se consulte cualquier medida: es necesario que ésta sea relevante y que se pueda determinar qué afectaciones produce en los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente que exista la posibilidad real de establecer acuerdos que permitan evitar o prevenir esas afectaciones, incorporándolos en la medida.

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