1-O, día decisivo para la democracia en Catalunya y España

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Hoy, viernes 29 de setiembre, la Generalitat de Cataluña aseguró que el 1 de octubre ha llamado a votar a 5.343.358 personas en el referéndum por la independencia, una acción sin precedentes que se ha convertido en punto de inflexión para la democracia y las libertades en España.

Manifestación en la plaza Catalunya en Barcelona / Foto: Sara Cuentas

Por Sara Cuentas Ramírez
@saracuentas

Exclusivo desde Barcelona para Spacio Libre

El Consejero de Presidencia catalana, Jordi Turrul, anunció que se abrirán 2.315 colegios electorales, mientras que el vicepresidente, Oriol Junqueras aseguró que de cerrarse los colegios o retirarse las urnas, habrá alternativas para votar. Mientras tanto, las consejeras de Educación, Clara Ponsatí, y de Trabajo, Dolors Bassa, asumirán las funciones de directoras y directores de colegios y responsables de centros cívicos con la finalidad de liberarles de toda responsabilidad jurídica en la celebración del referéndum.

El pasado 7 de setiembre, el pleno del Tribunal Constitucional del Estado español decidió con celeridad (en sólo hora y media) prohibir la celebración de referéndum del 1 de octubre. Los magistrados admitieron a trámite los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy para derribar la Ley de Transitoriedad o ley de consulta, aprobada el miércoles 6 de setiembre por mayoría parlamentaria catalana, a la cual calificaron de “andamiaje ilegal”.
La decisión del Tribunal Constitucional implicó la suspensión automática de dicha ley. Prohibió la convocatoria de la consulta, las normas complementarias para organizarla y el nombramiento de una sindicatura electoral, equivalente a la Junta Electoral Central. Y afirmó su deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. También, advirtió “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

La rudeza policial ha sido la característica en Barcelona / Foto: Sara Cuentas

A pesar de la máxima dureza del gobierno español, que calificó la actuación de la Generalitat de Catalunya y la Cámara parlamentaria autonómica catalana de ilegal y de robar la soberanía del pueblo español, el gobierno catalán liderado por Carles Puigdemon, afirmó que la ley de referéndum “sigue vigente” porque ampara los “derechos de los pueblos como es el de autodeterminación, y este último se ampara en los derechos humanos”.

Hoy, en rueda de prensa el Conseller de Justicia de la Generalitat catalana, Carles Mundó, anunció que la Generalitat ha presentado querellas contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, porque han actuado “fuera de la ley” al impedir la realización del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Carles Mundó, explicó que hay “diez situaciones de vulneración de derechos civiles” en la que el Estado español ha incurrido con la intención de impedir el 1-O, con la “connivencia de todos los instrumentos del Estado”.
Por su parte, la Agencia Estatal de Protección de Datos ha advertido a la ciudadanía catalana llamada a formar las mesas electorales del referéndum que se expondrá a sanciones de hasta 600.000 euros por posibles infracciones por el manejo fraudulento y cesión a terceros del censo electoral.

Manifestación de mujeres en Barcelona / Foto: Sara Cuentas

En respuesta, Carles Mundó sostuvo que “si alguien recibe una multa por participar en el referéndum sería una decisión ilegal, por tanto, preguntemos a quien pone multas ilegales qué hay que hacer para pagarlas”. Además, agregó que “sería incomprensible que los alcaldes de Catalunya fueran objeto de sanción. Si fuera así, nos encontraríamos ante una causa general contra el independentismo”. Puntualizó que “con la ley en la mano, no estaría justificado ninguna multa a gente que esté en las mesas electorales, directores que abran colegios o situaciones similares”. “La amenaza de la Agencia de Protección de Datos no tiene ningún fundamento legal”, aseguró.

Entre tanto, ha surgido una iniciativa desde la sociedad civil: la Plataforma Escoles Obertes, impulsada por 40 entidades, que pretende mantener abiertos los centros educativos el 1 de octubre. A la fecha, hay más de 60.000 personas inscritas en esta iniciativa. Se trata de realizar acampadas y actividades extraescolares en las escuelas desde la tarde de hoy, hasta la noche del domingo, con la finalidad de evitar que la policía nacional precinte los colegios, tal como tenía previsto desde la tarde de hoy. Las entidades organizadoras han hecho un llamado para concentrarse pacíficamente en las escuelas desde la tarde de este viernes para defender el derecho a decidir.

Por su parte, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, coronel Diego Pérez de los Cobos, ha dirigido este viernes una reunión de coordinación de los mandos de Mossos d’Esquadra (policía catalana), Policía Nacional y Guardia Civil para cumplir el mandato del Tribunal Supremo de Justicia de precintar los colegios y evitar el referéndum del 1 de octubre, a partir de las 6 de la mañana del domingo.

Bomberos catalanes se pliegan a las protestas por su independencia.

Diversos movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos en Catalunya afirman que el referéndum de autodeterminación es legal, que no constituye delito. “Es una demanda pacífica desde el 2010. Han pasado 7 años de hacer intentos de pactos y acuerdos con el Estado español sin ningún resultado, por esta razón es momento de hacer una consulta sobre nuestro futuro político”, sostienen las activistas de Feministas por la Independencia (FxI).

En los últimos meses, el anhelo de la población catalana de ser una república independiente se ha hecho cada vez más evidente. “Aunque partidos políticos como el PP, PSOE y Ciutadans han pretendido hacer ver que el independentismo actúa con violencia, hemos demostrado en las calles de ciudades y pueblos que somos un movimiento pacífico, que asume esta reivindicación como una fiesta democrática”, aseguran las FxI. “Esperamos y hacemos un llamado a la participación, sobre todo de las mujeres ilusionadas en la posibilidad de tener por fin una república catalana, antipatriarcal, anticapitalista y contra la violencia”, remarcan.

El reconocimiento de la plurinacionalidad, de la radicalidad democrática, del derecho a decidir, de la autodeterminación de los pueblos han estado presente en el discurso de la ciudadanía catalana en los últimos días. Con la frase “las calles serán siempre nuestras”, expresada por estudiantes, bomberos, movimientos sociales, feministas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, entre otras, se ha hecho evidente que su bandera es la democracia. “Acudiremos a las urnas sin miedo, sin caer en la provocación, con ilusión y alegría, tal como lo hicieron las mujeres sufragistas republicanas en España, cuando un 1 de octubre de 1931, celebraron el reconocimiento del derecho al voto, de su derecho a decidir en la vida democrática”, puntualizaron FxI.

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